El sector inmobiliario pide más suelo para cubrir la actual demanda de vivienda

Según datos del Ministerio de Fomento, en 2018 se calificaron 5.167 viviendas protegidas, un 92% menos que hace 10 años.

 

“En los últimos 30 años, se ha hecho una política muy social y cada suelo que se ha generado por la iniciativa privada ha conllevado una serie de cesiones muy importantes”, explica Carolina Roca, vicepresidenta de Asprima. “Cesiones municipales, con un 10% de suelo totalmente urbanizado y cedido gratuitamente a cada municipio; supramunicipales, de hasta el 15% de suelo cedido a comunidades autónomas, e igualmente reservas de suelo protegido, lo que se traduce en que hasta el 50% del suelo que se genera, aunque quede en manos privadas, tiene algún grado de protección que obliga a desarrollar viviendas sociales. Todo este cúmulo de cesiones indicaba que más del 50% de cada desarrollo urbanístico iba destinado a este tipo de viviendas”, resume.

El problema es que las administraciones no utilizan ese suelo para construir vivienda protegida. “El suelo que hemos cedido en este momento está en manos de las administraciones publicas, pero no se ponen a construir. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay suelo para 45.000 viviendas procedentes de cesiones municipales, mientras que el ayuntamiento cuenta, solo en el ámbito del Cañaveral, con suelo para producir casi 2.000 viviendas”. Por esa misma razón, José Córdoba pide que se fomente la colaboración público-privada. “Haremos lo que los ayuntamientos y partidos políticos quieran que hagamos, pero queda mucho por avanzar y hay que abogar por colaborar”, precisa Roca.

Encima de la mesa también se pusieron las promociones privadas y sus precios. Carolina Roca critica que mientras el precio del suelo es muy alto, el 65% de las ventas de vivienda se está haciendo a 150.000 euros. “Con esos precios, es muy difícil producir obra nueva”, apunta. Según el sector inmobiliario, “la producción de vivienda está lejos de lo que este país permite y de lo que somos capaces de asumir”, según palabras de David Iván García. José Córdoba Fernández señala que “para poder cubrir la demanda que existe y llegar a ofrecer el número de viviendas que estábamos ofreciendo antes de la crisis, es imprescindible más suelo”. El director de Promoción de Acciona Inmobiliaria pide, además, que para ello se acorten los plazos burocráticos. Desde Ibercaja, están de acuerdo con esta petición: “El problema no es solo la falta de suelo sino que los tenedores del mismo se piensan que tienen lingotes de oro”.

¿Vamos hacia una nueva burbuja?

Los expertos coinciden en señalar que no se puede hablar de burbuja y que nos encontramos en un ciclo totalmente diferente. “El mercado nacional está distorsionado. No podemos hablar en global sino de un mercado de ciudades y otro para el resto. Es más, debemos hablar de Madrid y Barcelona, donde los precios siguen subiendo, sobre todo en Madrid, y del resto de España”, resume Consuelo Villanueva, desde la Sociedad de Tasación.

“El interés del inversor por el sector inmobiliario español continúa y ha evolucionado. Hace 10 años, venían desde Nueva York a pasar el día y con la intención única de invertir en hoteles o edificios de oficinas a cambio de un 9% de rentabilidad. Ahora, el capital viene de fondos de pensiones o patrimonialistas de largo plazo que prestan atención sobre todo a la vivienda de alquiler”, apunta Susana Rodríguez, directora ejecutiva de la División de Consultoría de Savills Aguirre Newman.

Pero a pesar de ese interés fehaciente del inversor internacional, Rodríguez apunta a que también existe desconfianza. “No puedes comprometerte porque no sabes cuánto tiempo van a tardar las licencias. En el caso de las nuevas promociones, podemos hablar de cinco o seis meses o más de un año; mientras que si hablamos de rehabilitar en el centro de la ciudad, nos vamos a tres años”, denuncian desde Savills Aguirre Newman. Explican que esos tiempos no se deben a que se concedan muchas, ya que, según sus datos, se está emitiendo una décima parte de las que se aprobaban hace unos años. “El problema es que faltan medios humanos y no se ha invertido nada en nuevas tecnologías. En Hacienda, como interesa, está todo digitalizado, pero deberían hacer un esfuerzo por hacerlo también en otras administraciones”. Rodríguez pide, además, que se trabaje en cuidar al inversor, “en lugar de atraerlos, firmamos reales decretos y cargamos contra ellos llamándolos fondos buitre”.

“Es cierto que hemos avanzado en el corto plazo”, apunta David Iván García. “Ahora podemos decir que existe seguridad jurídica, pero cuando hablamos en el largo plazo, hace falta dar confianza al inversor”. En opinión de José Córdoba, de Acciona: “Estamos en un momento en el que se hace una ley y te la cambian al día siguiente. Los fondos no saben cuáles son los plazos reales de los arrendatarios, las fianzas… Existen vaivenes jurídicos y no damos seguridad en el largo plazo”, concluye.

Fuente: El confidencial.